Ante líderes de organizaciones sociales de Punta Arenas, Director Nacional de la DOS entregó informe de evaluación participativa de la Ley 20.500.

 En un encuentro con dirigentes de distintos ámbitos de la sociedad civil, el director nacional de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Camilo Ballesteros, dio a conocer las principales conclusiones tras la consulta nacional para introducir mejoras a la ley 20.500 sobre participación ciudadana.

Desde el año pasado, y de acuerdo a un compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet, se realizó una consulta que incluyó a dirigentes sociales, funcionarios públicos y municipales, chilenos residentes en el extranjero, universidades y centros de estudio para diagnosticar el funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana y consensuar formas de mejorar la legislación.

Según el director de la DOS, las principales conclusiones y que se repiten a lo largo del país son dar carácter vinculante a la participación ciudadana en materias de políticas públicas y la necesidad de mejorar las alternativas para que las organizaciones accedan a recursos para ejecutar sus actividades.

“Hoy se le consulta a la ciudadanía pero sigue siendo la autoridad la que toma las decisiones y se generan expectativas que a veces no se cumplen”, explicó Ballesteros.

Otras áreas en la que se debería avanzar, de acuerdo a la consulta, es la disposición de recursos para las organizaciones sociales y devolverles facultades que alguna vez tuvieron y que perdieron. Camilo Ballesteros citó como ejemplo que en el pasado las juntas de vecinos decidían si se instalaba o no un local de venta de alcoholes en su sector, y que en la actualidad los vecinos sólo son consultados al respecto.

Destacó además que la consulta arrojó una alta valoración a la existencia de una ley como la 20.500 que por primera vez institucionalizó los mecanismos de participación ciudadana.

Por su parte, el Secretario Regional Ministerial de Gobierno, Baldovino Gómez, destacó que en Magallanes existe la voluntad política de hacer vinculante la participación de la ciudadanía, y citó como ejemplo de eso al Plan de Zonas Extremas.

“En el Plan de Zonas Extremas fueron consideradas las opiniones de la comunidad en la propuesta que después se le presentó a la Presidenta. También hay experiencias vinculantes en áreas como la salud y la vivienda”, expresó el Seremi.

Agregó además que en el marco del proceso para una nueva Constitución se busca que la participación ciudadana sea consagrada como un derecho y recordó que dicho concepto no está en el texto de la actual carta fundamental.

El diagnóstico y las propuestas surgidas de la consulta quedarán en manos del Consejo de Participación Ciudadana que se formó a comienzos de este año y que tiene la tarea, encomendada por la Presidenta Bachelet, de elaborar una propuesta para perfeccionar la ley 20.500, la que será enviada luego al Congreso.