Diagnóstico sobre el estado de la participación ciudadana, reformas a la ley 20.500 y propuestas para la consagración efectiva del derecho a la participación fueron los principales tópicos del informe entregado hoy a la Mandataria.

Con la entrega formal de un informe final que sistematiza diversas sugerencias y propuestas de reformas a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, finalizó sus labores el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, entidad conformada por diversos actores de la sociedad civil –en enero de 2016-, que recibió un mandato  en orden a revisar la referida ley, y proponer a la Presidenta de la República  una institucionalidad permanente para la promoción de la participación ciudadana en el país.

En una masiva ceremonia realizada este viernes, en el Palacio de La Moneda, los 24 consejeros, representados por el académico Gonzalo de la Maza, entregaron  además un diagnóstico sobre el estado de la participación ciudadana en Chile y una propuesta de instrumento para su monitoreo en el futuro.

La Jefa de Estado valoró el trabajo realizado por el consejo, para “incluir efectivamente a los ciudadanos y a la enorme diversidad de sus organizaciones, en la vida pública”. Al respecto, explicó, que “se hace necesario construir, en conjunto con la sociedad civil y sus organizaciones, los instrumentos más adecuados para poder ayudar y fortalecer el proceso de asociatividad; y poder también, de esa manera, potenciar la incidencia ciudadana en los asuntos que le afectan directamente y que se debaten en el país”.

Tras recibir el documento, la Mandataria subrayó que “soy una convencida de que el protagonismo ciudadano es uno de los elementos más relevantes y potentes de la democracia actual. El presente no es comprensible sin ese nuevo protagonismo y estoy segura que el futuro que se asoma va a tener las huellas de ese giro ciudadano. Términos como control social, recuperación de soberanía y democracia de ejercicio ya comienzan a formar parte del habla común del debate público”.

Del mismo modo, puso énfasis en que “nuestra ciudadanía vigila crecientemente las instituciones –cuenta con mayores herramientas legales y tecnológicas para ello–, evalúa el funcionamiento de los organismos públicos y plantea sus intereses. Y estoy convencida de que es una señal de sanidad democrática que debemos alentar y potenciar. Por lo mismo, desde el Gobierno iniciamos un camino para modernizar y profundizar las formas y procedimientos con que la participación ciudadana es reconocida, pero a la vez es incluida desde el sector público. Un esfuerzo que hemos redoblado a partir de hechos que han cuestionado seriamente la confianza en la política y sus liderazgos”.

Para la elaboración del informe, el Consejo funcionó en 16 sesiones y realizó audiencias con 16 representantes de ministerios y servicios públicos; recibió a 13 Organizaciones Sociales, en Santiago y 57 en regiones; además de convocar a 18 diálogos participativos con dirigentes sociales, en los cuales participaron 1.305 personas. Asimismo, entre agosto y octubre del 2016 en el sitio web del Consejo se habilitó una plataforma para recibir propuestas y participar de una consulta virtual.

De la Maza explicó que la propuesta de fortalecer la institucionalidad y aumentar las atribuciones de las agencias a cargo de promover la participación ciudadana, responde a un reclamo recurrente en las audiencias que ha llevado a cabo el Consejo. Al respecto, señaló que uno de los nodos críticos de la Ley 20.500 dice relación que “las organizaciones que participan en los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), figura establecida por la Ley 20.500, perciben que su participación es una mera formalidad para que las instituciones públicas puedan cumplir con el check list exigido por la referida ”.

El informe entregado hoy contempla propuestas relacionadas con el derecho a la participación; la creación de una institucionalidad de participación; participación Ciudadana en la Gestión Pública y en las Municipalidades; voluntariado; registro nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro y del Catastro de Organizaciones de Interés Público; y el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

La Presidenta Bachelet señaló que “este esfuerzo no puede detenerse aquí. Para comenzar a implementar cuanto antes sus recomendaciones, el Ministerio Secretaría General de Gobierno evaluará cada propuesta, para que en el curso de los próximos meses se envíen al Congreso las iniciativas legales que corresponda y se pongan en marcha las medidas de gestión que el informe sugiere”.

Finalmente, afirmó que “así, trabajando en conjunto, escuchando las voces de la ciudadanía soberana e incorporando su mirada, es que creemos que será la forma cómo Chile va a poder recobrar la confianza en las instituciones y en el quehacer público. Es así como prestigiaremos la política y reafirmaremos la base irrenunciable de nuestra convivencia democrática, que es la voluntad de los hombres y mujeres de nuestra patria”.

El Director de la DOS, Camilo Ballesteros, señaló por su parte que “solo avanzando hacia formas vinculantes de participación ciudadana, podremos contar con canales institucionales de participación más efectivos. Esto permitirá ganar en pertinencia a la hora de la  implementación de nuevas políticas públicas, al mismo tiempo que se asegura un mayor control ciudadano de la gestión pública y que tales ciudadanos sientan suyas las decisiones que afectan su vida cotidiana”.

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