En la ocasión, Camilo Ballesteros explicó los alcances y principales conclusiones del proceso de evaluación de la Ley 20.500, que la entidad que dirige desarrolló durante el 2015.

El Director de la División de Organizaciones Sociales, Camilo Ballesteros, expuso esta mañana en la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, para informar sobre los principales hallazgos del proceso de evaluación de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que la DOS realizó durante el año 2015.

Ante la mirada atenta de los consejeros, Ballesteros explicó la modalidad de trabajo del referido proceso de evaluación, que supuso la realización de diálogos que convocaron a dirigentes sociales, entidades académicas (universidades Central, de Santiago, Católica de Chile y Católica de Temuco), centros de estudios del más amplio espectro político-cultural  e incluso comunidades de chilenos residentes en el exterior (Paris, Ámsterdam y Sao Paulo), además de grupos focales y encuestas a funcionarios públicos y municipales, y un seminario internacional de cierre, que contempló a especialistas de la Unión Europea y UNASUR.

“La idea fue contar con una sistematización que recogiera la información necesaria para la construcción de un documento que oriente a las autoridades acerca de las modificaciones necesarias para que la aplicación de la Ley se desarrolle de manera eficiente y que aporte de manera real y sustancial a los procesos de construcción, en conjunto con la ciudadanía, de las políticas públicas nacionales, de manera de mejorarlas con efectivos niveles de participación ciudadana”, indicó el Director de la DOS.

Entre las principales conclusiones de la evaluación, el Director señaló la “el desconocimiento de la Ley, la ausencia de un órgano en el Estado con real capacidad de fiscalizar su cumplimiento, su carácter consultivo, la precaria aplicación en el ámbito local- municipal y la ausencia de reales sanciones para las entidades públicas que no cumplan con el articulado de esta Ley”.

La evaluación de la 20.500 señaló, además, que otras medidas urgentes que aparecieron en el debate de los participantes en el proceso “dicen relación con avanzar en la implementación de programas o iniciativas de educación cívica, para mejorar la actuación de los dirigentes sociales ante el Estado, y la necesaria consagración del derecho a la participación a nivel constitucional, para lograr una efectiva instauración vinculante de su mandato, en los diversos ámbitos del país”, agregó Ballesteros.

Carácter de una ley

El 16 de febrero de 2011 entró en vigencia la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. La promulgación de esta ley significó un gran avance, al establecer diversos mecanismos para la participación efectiva de la ciudadanía en las políticas públicas, como son las Cuentas Públicas Participativas, las Consultas Ciudadanas y los Consejos de la Sociedad Civil.

Como todo instrumento legal, la Ley N°20.500, resulta perfectible, y por ello la DOS, a través de su Unidad de Estudios y en diálogo con diferentes estamentos de la sociedad, desarrolló  un amplio ciclo de encuentros para la revisión del articulado, en la idea de consensuar una mirada reflexiva sobre su real promoción de espacios de participación, para avanzar hacia una sociedad cuya ciudadanía incida de manera real en la gestión pública.

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