En entrevista con el Diario Concepción, el Director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Ignacio Achurra Díaz, se refirió a los desafíos que enfrenta la institución que le toca liderar en materia de participación ciudadana, fortalecimiento del tejido social, y potenciar el vínculo con la juventud.

La conversación con el medio se realizó en el marco de la visita que la autoridad realizó a la Región del Biobío el pasado 10 de julio, donde el director nacional tuvo una agenda robusta de reuniones y encuentros con organizaciones sociales de la región.

Desde julio de 2023 que está a cargo de la división que pertenece al Ministerio Secretaría General de Gobierno, la que tiene como una de sus principales misiones entregar información y capacitar a dirigentes sociales.

“Esto lo realizamos a través de diferentes servicios, contamos con escuelas de formación social, que son una oferta de formación en distintas materias que tienen que ver desde funcionamientos del Estado, hasta presentaciones y formulaciones de proyectos para adquirir recursos por parte de las organizaciones”, explicó Achurra a Diario Concepción.

Además, reforzó la importancia de las y los líderes sociales y organizaciones en el contacto con sus comunidades, en el avance de objetivos colectivos y en el fortalecimiento de la democracia.

Las dirigencias sociales “cumplen una función pública fundamental en democracia. Las organizaciones sociales son la principal red de protección social en Chile, son el primer eslabón que asiste a esa vecina que está con problemas de salud, que ayuda a la comunidad que se ve asolada por alguna tragedia; son los primeros que llegan cuando se está organizando una convocatoria para el acopio de alimentos y elementos de primera necesidad en sus respectivas sedes; por lo tanto, cumplen una función de interés público“, expresó.

-¿Cómo se logra bajar la sensación de inseguridad en las personas para hacer que participen en organizaciones sociales con el objetivo, que ustedes tienen, de proteger la democracia?

El país está viviendo un problema de inseguridad ciudadana que afecta, tanto a las personas individuales como al comercio y, por supuesto, a las organizaciones sociales (…) Las organizaciones de carácter territorial, particularmente las juntas de vecinos, están muy arraigadas en un territorio y, por lo tanto, están expuestas y sujetas a las amenazas y la criminalidad en su propia zona.

Hemos querido reaccionar frente a esto y, junto a la ministra Camila Vallejo, presentamos un proyecto de ley que busca entregar una protección especial a los dirigentes sociales, mediante una modificación en el Código Penal para aumentar las penas a quienes cometan delitos de amenazas o agresiones contra miembros de las juntas vecinales durante el ejercicio de sus funciones; y en la Ley 20.500 para definir qué es un dirigente social.

-Estamos en medio del proceso de aplicación de un Censo, sin embargo, también han ocurrido problemas y su fecha de aplicación se ha extendido desde el 9 de junio hasta fin de mes ¿Usted considera que no existe motivación por parte de la ciudadanía de ocupar espacios de participación?

Hay 350 mil organizaciones en Chile, el nivel más alto que hemos tenido en nuestra historia y en Biobío tenemos 31 mil, con una tasa muy alta de inscripción diaria. La última Encuesta Nacional de Juventudes indicó que, a nivel nacional, 1 de cada 2 jóvenes dice participar en una organización social, lo que es considerado como el índice más alto de nuestra historia. Efectivamente, el tejido social está vivo y tremendamente vigente. Enfrentan dificultades, como por ejemplo, en los mecanismos institucionales que nosotros ofrecemos para que la democracia sea algo más que un ejercicio electoral y sea un continuo permanente de participación social.

Durante mucho tiempo, ciertos sectores de la sociedad consideraban que la promoción de la participación social a gran escala beneficiaría al sector progresista del país. Pero, lo que nosotros pudimos observar en los dos procesos constituyentes, es que hay organizaciones de todo tipo (…) La organización social está viva y fuerte, pero hay algunas que están enfrentando complejidades que son, particularmente, las juntas de vecinos y existen dos razones.

-¿Cuáles son esos argumentos?

Lo primero es que hay poco recambio de los jóvenes y que uno de los desafíos, en los que estamos trabajando nosotros como División, es propiciar un diálogo intergeneracional para cortar esa brecha de participación. Otra dificultad que enfrentan es que ha habido una proliferación de otros tipos de organizaciones territoriales, como los comités de seguridad, quienes por la contingencia de poner protección y por tener una estructura mucho más fácil de montar (…) le ha ido quitando protagonismo. Por lo tanto, hay que renovar ciertas características para potenciar dichas organizaciones sociales.

Hablando de ámbitos de centralismo, en donde, en ciertas zonas hay menos acceso a muchas cosas o no existe equidad en decisiones que debieran ser parejas para todos, -¿cómo lo analiza desde la División?

Es evidente que las organizaciones sociales también resienten los elementos propios del centralismo a nivel Santiago capital, pero también el centralismo a nivel regional en sus capitales: los problemas de conectividad de internet, los accesos terrestres, las dificultades generales en los servicios públicos, etc, entorpecen el desarrollo de las sociedades (…).

La ley marco de participación ciudadana en Chile es la Ley 20.500 que se aprobó y entró en régimen en el año 2011, significó un aporte importante para las organizaciones pero quedó corta. Por eso, como División de Organizaciones Sociales llevamos adelante un proceso que acabamos de terminar, en el cual participaron 7 mil personas aproximadamente de todas las regiones del país para modernizar esta ley.

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