La reunión se efectuó este jueves en el Instituto de Estudios Avanzados de esa casa de estudios, con participación de representantes de diversos think tanks de todo el espectro político del país.

La División de Organizaciones Sociales, con la colaboración de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Santiago, realizó hoy una nueva mesa redonda con académicos y representantes de centros de ideas de todo el abanico político nacional, en la que se abordó  una reflexión crítica de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

A la cita asistieron Gonzalo Martner, académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH; Gloria de la Fuente, directora del Programa Calidad de la Política de la Fundación Chile XXI; Álvaro Castañon, ex miembro del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés; Maximiliano Ravest, coordinador del Programa Municipal de la Fundación Jaime Guzmán, y Silvana Calderón, directora de la Fundación Red para la Democracia.

La jornada fue abierta por Braulio Carimán, director de la Escuela de Administración Pública de la USACH, quien esbozó una contextualización respecto de la situación del país en la actualidad, caracterizada “por un sistema político atravesado por una severa crisis de confianza”. En ese marco, el académico valoró la pertinencia del foro, señalando que “esa misma crisis nos obliga a reflexionar respecto de cómo poder recomponer el vínculo de confianza entre la ciudadanía, el Estado y la administración”. En ese marco, indicó que “el espacio de reflexión al que hemos convocado con la DOS puede permitirnos una aproximación, desde la ciencias políticas y de los modelos normativos, a un debate profundo respecto de la democracia y la participación ciudadana, a partir de esta ley cuyo análisis nos convoca hoy”.

El Director de la DOS, Camilo Ballesteros, señaló por su parte que la Ley 20. 500, no obstante ser un importante avance, “está teniendo una serie de dificultades para su implementación, además que fue un articulado que quiso responder a la realidad del país existente a la fecha de su debate y promulgación, en que se buscaba que las elites pudieran conocer la opinión de la ciudadanía”.

Según el titular de la DOS, “Chile se encuentra hoy en un proceso de politización, y lo que se está discutiendo hoy tiene que ver con cuáles son los límites de lo posible”. Ballesteros indicó que lo anterior incluso se percibe ya en los hallazgos del último informe de Desarrollo Humano en Chile: (“Los tiempos de la politización”, sistematizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.) En el referido informe se establece que los chilenos demandan cambios profundos en aspectos muy diversos de la vida social, tano al nivel asociado a sus vidas cotidianas hasta otros aparentemente más abstractos como la Constitución Política.

En ese marco, Ballesteros indicó que el proceso de revisión de la Ley 20.500 tiene, además, procesos paralelos “como en lo referido al debate por una nueva Constitución, cuya proceso debe ser participativo, y en cuya redacción debe quedar consagrado el derecho a la participación.

Evaluación participativa

El 16 de febrero de 2011 entró en vigencia la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. La promulgación de esta ley significó un gran avance, al establecer diversos mecanismos para la participación efectiva de la ciudadanía en las políticas públicas, como son las Cuentas Públicas Participativas, las Consultas Ciudadanas y los Consejos de la Sociedad Civil.

Como todo instrumento legal, la Ley N°20.500, resulta perfectible, y por ello la DOS, a través de su Unidad de Estudios y en diálogo con diferentes estamentos de la sociedad, se encuentra desarrollando un ciclo de encuentros para la revisión del articulado, que permitan consensuar una mirada reflexiva sobre su real promoción de espacios de participación, para avanzar hacia una sociedad cuya ciudadanía incida de manera real en la gestión pública.

El inédito proceso de reflexión y debate se realizará durante todo el presente año, en la forma de diálogos que convocarán a dirigentes sociales, funcionarios públicos, municipios, académicos, centros de estudios e incluso comunidades de chilenos residentes en el exterior

A la fecha, se han realizado dos mesas redondas, una en la Universidad Central y otra en la Universidad de Santiago, con representantes de centros de estudios de todas las corrientes políticas y académicos e investigadores de diversas universidades del país.

En Puerto Montt, capital de Los Lagos, más de cien dirigentes sociales provenientes de la región debatieron sobre esta Ley, en una modalidad de talleres simultáneos realizaron durante la jornada, que arribaron a diversas conclusiones (disponibles en la web: www.participemos.gob.cl). El Coyhaique, capital regional de Aysén, se realizó un nuevo coloquio con representantes de las organizaciones sociales de esa zona.

Los alcances de la Ley 20.500 también fueron abordados en dos jornadas de Diálogo Participativo desarrolladas en Paris y Ámsterdam, abiertas a las opiniones de los chilenos residentes en Francia y Holanda, eventos fueron coordinados por la DOS y la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX).

“Al término del proceso se espera contar con una sistematización que recoja la información necesaria para la construcción de un documento que oriente a las autoridades acerca de las modificaciones necesarias para que la aplicación de la Ley se desarrolle de manera eficiente y que aporte de manera real y sustancial a los procesos de construcción, en conjunto con la ciudadanía, de las políticas públicas nacionales, de manera de hacer estas mayormente exitosas y atingentes a las necesidades reales de la población”, indicó el Director de la DOS.

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