El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, fue el encargado de promulgar esta normativa que tiene como objetivo consagrar el rol preventivo, complementario y coadyuvante (persona que interviene en un proceso sosteniendo la pretensión de una de las partes) de la seguridad privada, respecto de la seguridad pública.

Esta iniciativa forma parte de la agenda priorizada de 31 proyectos de seguridad suscrita entre el Ejecutivo y los presidentes de las cámaras del Senado y Diputado, que a la fecha cuenta con 23 proyectos despachados.

El Mandatario explicó que la nueva normativa “cumple un rol coadyuvante y complementario que es tremendamente importante, son 264 mil personas las que trabajan como guardias de seguridad“, agregando que “tenemos que cuidar a quienes nos cuidan, tal como lo hemos hecho con Carabineros y con la Policía de Investigaciones. Los guardias de seguridad cumplen una labor tremendamente importante“.

Este proyecto fue ingresado en 2009 en el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet y luego de 14 años de tramitación fue aprobado. El Jefe de Estado agregó que “desde hoy Chile cuenta con una nueva herramienta en su lucha por tener mayor seguridad para la ciudadanía. Sé y tengo claro que tenemos que continuar a paso firme y que no hay ningún espacio en este tema para la autocomplacencia“.

En Chile la seguridad privada operaba sin una regulación legal integral, siendo guiada por normativas sectoriales dispersas. Sin embargo, con la implementación de un nuevo marco legal, se busca regular una industria que anualmente moviliza cerca de 2 mil millones de dólares. 

Según datos de 2023, el país cuenta con más de 2.500 empresas de seguridad acreditadas, empleando a más de 86 mil guardias y más de 7 mil vigilantes privados acreditados.