El equipo de Estudios y Género de la División publicó este documento que detalla el proceso liderado por esta institución, que tuvo como objetivo recoger insumos en todo el país para la modernización de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, proceso que contó con la participación de más de 6.600 personas de todas las regiones del país. Entre ellos, integrantes de la sociedad civil, de Consejos de la Sociedad Civil (Cosoc) regionales y municipales, organizaciones sociales, voluntariados, y funcionarias y funcionarios públicos.

Entre los principales resultados, se detectó la necesidad de reforzar la participación, reconocer las dificultades y desafíos existentes en los diversos territorios y actorías sociales que involucra la participación ciudadana en la gestión pública. 

Otro de los hallazgos del estudio aborda la necesidad de contar con mecanismos de fiscalización y sanciones por incumplimiento del marco normativo. Y también, lograr un alcance mayor en niveles de incidencia, especialmente en las primeras etapas de formulación de políticas públicas, así como vincular este trabajo con los Cosoc, trascendiendo su rol consultivo y apuntando a un carácter vinculante. 

La Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo Dowling, expresó que como ministerio “asumimos la tarea de reforzar y modernizar la Ley N°20.500 de participación ciudadana con las dirigencias sociales y las organizaciones”. Además, la titular de la cartera explicó que este informe “permite comprender cómo la participación ciudadana enriquece la toma de decisiones públicas. La reforma a la Ley 20.500 de Participación Ciudadana representa, por tanto, un hito del marco normativo chileno, y una oportunidad para consolidar un modelo de democracia participativa”.

Fueron siete meses de trabajo para levantar insumos que permitan modernizar la ley, y que contó con diálogos participativos en todas las regiones del país, encuentros con encargadas y encargados de participación ciudadana de ministerios y servicios del Estado; con Consejos de la Sociedad Civil; además, de un encuentro ciudadano con expertas, expertos y organizaciones sociales. En su etapa cúlmine, se realizó una consulta ciudadana digital para que todas las personas a nivel nacional fueran partícipes de los cambios a esta normativa. 

La Subsecretaria de Gobierno, Nicole Cardoch Ramos, indicó que “el Presidente Gabriel Boric Font, determinó como un eje central de su mandato, avanzar en mayores y mejores niveles de participación así como el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Lo anterior, mediante la modificación de la Ley 20.500 sobre “Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública”. 

El informe señala en sus conclusiones que la falta de recursos económicos es un problema para la “adecuada aplicación de la ley, pues se evidencian dificultades para financiar actividades o mejorar la implementación de mecanismos de participación”. 

Por su parte el Director de la División, Ignacio Achurra Díaz, comentó que “durante los últimos años se ha hecho patente la necesidad de incorporar nuevos enfoques a esta ley, de fortalecerla con diversos mecanismos para garantizar una representación más inclusiva, oportuna y amplia de las comunidades en la toma de decisiones”.

Cabe señalar que en el corto plazo, y producto del trabajo realizado y sistematizado en este documento, el Ministerio Secretaría General de Gobierno hará ingreso del proyecto para reformar la Ley 20.500 al Congreso Nacional. 

Revísa el informe a continuación.