El Ministerio Secretaría General de Gobierno presentó el proceso “Hablemos de Participación: Diálogos para la reforma de la Ley 20.500”, iniciativa que busca modernizar esta normativa que regula la participación ciudadana en la gestión pública. En la oportunidad también se constituyó la mesa de coordinación interinstitucional, con representantes de organismos públicos, gobiernos regionales, municipios y organizaciones de la sociedad civil, y tendrá la misión de hacer seguimiento el proceso participativo.

La instancia fue encabezada por la Ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo Dowling; la Subsecretaria Segegob, Nicole Cardoch Ramos; y el Director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Ignacio Achurra Díaz. En el espacio también participó el Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde Soto; el Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, además de diversas autoridades regionales.

La Ley 20.500 fue presentada al Congreso en 2004 y promulgada en 2011. Fue un paso importante para definir y fortalecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, sin embargo, los diagnósticos desarrollados en la academia, en la sociedad civil organizada y no organizada, y en el Estado, coinciden en que dicha legislación no precisa qué se entiende por participación en la administración pública y sus alcances. Además, no entrega las herramientas que hagan efectiva su implementación.

La ministra Vallejo explicó que “Hemos dado inicio al proceso de participación ciudadana para actualizar y modernizar la Ley 20.500. Esta es una instancia muy importante para cumplir con el compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en el eje de fortalecimiento de la democracia porque nos abre paso a un cronograma de eventos de diálogo y de participación, tanto a nivel regional como comunal y local, para ver cómo mejorar esta ley, hacerla más participativa e incidente, así como un abanico de posibilidades para nuestro país”.

El proceso participativo estará compuesto por cuatro etapas de diálogo; la primera la administración central del Estado, nivel regional y nivel municipal. La segunda, de diálogos con organizaciones sociales además de un encuentro de expertos y expertas en la materia. La tercera etapa consiste en una consulta ciudadana digital abierta a todas las personas a nivel nacional, mientras que en el último tramo se realizará la sistematización de la información y posterior devolución de resultados.

La subsecretaria Nicole Cardoch destacó que “siempre es bueno recordar que las políticas públicas no parten de cero. En este caso, en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se generó un diagnóstico a cargo de un consejo asesor. Hoy también tuvimos a Gonzalo Delamaza, presidente de ese consejo asesor, para darnos ese insumo y para ver cómo podemos modificar esta ley que permita que la sociedad civil se siga involucrando con muchísimo más poder en las decisiones de las instituciones públicas”.

En la misma línea, el Director de la DOS, Ignacio Achurra, explicó que a propósito de la experiencia de trabajo de la División con las organizaciones “es clave iniciar este proceso de reforma desde el Gobierno central, pero también llevándolo a nivel territorial, en los municipios, en los gobiernos regionales y hemos diseñado una metodología que está pensada para que nadie que quiera hacerse parte de este proceso se quede fuera”.

El proceso participativo para la modernización de la Ley 20.500 se desarrollará entre octubre y diciembre, con el objetivo de presentar en enero del próximo año una propuesta para un futuro proyecto de ley que reforme este cuerpo normativo.