Ministerio del Medio Ambiente abre proceso participativo preliminar para la aplicación del Acuerdo de Escazú en Chile
El Ministerio del Medio Ambiente inició el “Proceso de Participación Temprana” para recoger ideas de la ciudadanía para el desarrollo del “Plan de Implementación participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE)”, el que tiene como objetivo evaluar -con la significativa participación del público- las brechas, oportunidades y medidas prioritarias para la incorporación plena y efectiva de dicho acuerdo.
En este proceso preliminar, las personas pueden entregar ideas y propuestas sobre acceso a la información ambiental, participación pública, acceso a la Justicia Ambiental, personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y Gobernanza Escazú, instancia que busca lograr una implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en el país.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional, cuyo objetivo principal es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales y la necesidad de generar un ambiente propicio y seguro para aquellos que ejercen sus derechos de acceso. Es importante recordar que Chile pasó a ser parte del tratado desde el 11 de septiembre de 2022.
Además, el Plan de Implementación Participativa contempla el desarrollo de mecanismos especiales para la inclusión de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, localidades pequeñas o con problemáticas ambientales, personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, niños, niñas y adolescentes y mujeres en situación de pobreza, entre otros. De esta manera, se quiere co-construir, junto a todas las personas y comunidades en Chile, el documento final que permitirá garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
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