El Ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz encabezó este lunes la ceremonia con la que se dio comienzo formal  al proceso de Cuenta Pública sobre Participación Ciudadana, referida al estado de cumplimiento, por parte de los diversos organismos del Estado, de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, durante el período 2014 y primer semestre de 2015.

En la ceremonia estuvo presente el Ministro de Energía, Máximo Pacheco; el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga; el subsecretario General de Gobierno, Osvaldo Soto; la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, Desirée López de Maturana y el Director de la División de Organizaciones Sociales, Camilo Ballesteros, entre otras autoridades.

En el recuento del cumplimiento de la ley, el vocero de Gobierno destacó que sobre el acceso a la información relevante, “el 99% de las instituciones dispone de información actualizada sobre sus políticas, planes, programas y servicios, a través de diversos canales de información de carácter presencial y virtual, que incluyen sitios webs, oficinas de información, reclamos y sugerencias, teléfonos de consulta y plataformas de redes sociales”.

Otro de los puntos relevantes corresponden a las consultas ciudadanas, ya que según lo informado por el Ministro Díaz, un 69% de las entidades públicas realizó este proceso, entre los años 2014 y 2015.

Asimismo, el secretario de Estado relevó las cuentas públicas participativas, señalando que “el 96% de las instituciones de la administración del estado” realizan dicho ejercicio. De hecho, en el primer semestre de 2015 se efectuaron 700 cuentas públicas, correspondientes a la gestión del año 2014.

El Ministro Díaz aseguró además que “un 74% de las instituciones cuenta con consejo de la sociedad civil. Este porcentaje corresponde a 89 de 121 entidades públicas”.

Un nuevo paradigma: políticas públicas con incidencia ciudadana

La Ley N° 20.500 inició su tramitación formal en la administración del ex Presidente Ricardo Lagos, y tuvo un importante impulso durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.

En efecto, en agosto del 2006 se ingresó una indicación sustitutiva al proyecto original, que contempló una reforma sustantiva en la gestión de las instituciones públicas  –en los ámbitos nacional, regional y local-, al incluir, en la ley de Bases Generales de la Administración del Estado, un nuevo título sobre participación ciudadana en la gestión pública.

Entre otras disposiciones, el nuevo título estableció el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión pública, la obligatoriedad del conjunto de los órganos de la Administración del Estado de publicar información relevante de su quehacer -políticas, planes, programas, acciones y presupuesto-, realizar consultas ciudadanas y cuentas públicas participativas. Además,  estableció la formación de consejos de la sociedad civil, instancias de carácter consultivo y no vinculante, conformadas por representantes de organizaciones sociales directamente vinculadas al quehacer sectorial de cada entidad pública.

Promulgada el 4 de febrero de 2011 y publicada el 16 del mismo mes, la ley estableció una nueva institucionalidad jurídica para la participación ciudadana en Chile, que es el contexto y marco dentro del cual se desarrolla la presente Cuenta Pública.

Esta normativa significó importantes avances para el fortalecimiento de la asociatividad de las personas, entendiendo que una sociedad organizada es el principio y motor de toda política de participación efectiva.

Así, la ley desarrolla el derecho de asociación,  sus límites y el rol del Estado en el apoyo a la asociatividad. La idea central, en torno a la cual giran los contenidos respecto a esta área, tiene que ver con promover la asociatividad de las y los ciudadanos, facilitando el procedimiento para la obtención de personalidad jurídica, creando las asociaciones y modificando la histórica normativa del Código Civil.

Junto con ello, la ley creó el Registro Nacional de Personas Jurídicas, centralizando esta información en el Servicio Nacional  del Registro Civil e Identificación, entidad que quedó a cargo mantener un  registro público y único sobre esta materia, con base a la información aportada por las municipalidades y otros órganos competentes, y el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, constituido por aportes del Estado realizados a través de la Ley de Presupuestos de la Nación, aportes de la cooperación internacional y otras donaciones y aportes realizados a título gratuito, que busca precisamente promover la asociatividad y desarrollo de este tipo de instituciones.

Cuenta abierta a opiniones y comentarios de la ciudadanía

El informe completo de la Cuenta Pública de Participación Ciudadana estará abierto hasta el día 28 de enero, contemplándose un formulario orientado a la opinión y comentarios de la ciudadanía.

Para ello, en esta misma web, en el sector derecho, se ha habilitado el banner Cuenta Pública Participación Ciudadana, en el que es posible leer el informe y dejar comentarios.

COMUNICACIONES DOS