[OPINIÓN] Nueva Educación Cívica, la Base de la Participación
Durante el año 2015, en medio del proceso de evaluación de la Ley N° 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, un gran número de asistentes a las discusiones plantearon la necesidad de fomentar la participación ciudadana desde el nivel escolar, retomando la educación cívica en las Bases Curriculares, lo que expresa la voluntad de una ciudadanía más activa por mejorar los estándares actuales de educación, identificando el proceso de formación escolar como fundamental para formar ciudadanos más preparados y conscientes de sus deberes y derechos.
Dando respuesta a lo anterior y con mucha alegría hemos sido testigos de cómo el día jueves 21 de enero, el Senado aprobó una de las principales propuestas del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de influencias y la Corrupción: la educación cívica en el nivel escolar, a través del proyecto de Ley que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Este proyecto de Ley que ya fue despachado por la Cámara, a la Presidenta Michelle Bachelet para su pronta promulgación, representa un avance significativo para el necesario fortalecimiento de la participación ciudadana en Chile y la creación de bases sólidas para el desarrollo de nuestra democracia.
Desde el Consejo se propuso; “Prevenir y disminuir la incidencia de actos de corrupción y de faltas a la probidad requiere un sistema educacional que forme en valores cívicos de respeto a la convivencia y fomento del bienestar común. Una educación para los desafíos que enfrenta el país debe poner la formación cívica como un eje transversal que permita preparar a niño/as y jóvenes para enfrentar dilemas éticos a lo largo de sus vidas”[1].
De esta forma y con el objetivo de formar ciudadanos preparados para desenvolverse de buena manera en un sistema democrático, se sintetizo esta idea entregando a la presidenta el 24 de abril del año 2015, 3 grandes propuestas sobre la materia; en primer lugar incluir la formación ciudadana en las Bases Curriculares como una habilidad que se adquiere en el proceso educativo; en segundo lugar que el Proyecto Educacional de cada institución incluya de manera transversal la formación ética y ciudadana; y en tercer lugar que la formación de los docentes incluya formación ciudadana, ética y pensamiento crítico.
El ya aprobado “Plan de Formación Ciudadana Para los Establecimientos Educacionales Reconocidos por el Estado”, contempla formación ciudadana y en derechos humanos para los terceros y cuartos medios, donde los contenidos y metodologías que escojan los establecimientos educacionales deberán estar ligados al curriculum establecido por el Ministerio de Educación, centrados esencialmente en la formación ciudadana, la ética pública y la cultura democrática.
Este proyecto significa retomar una trayectoria histórica educativa que durante las últimas décadas se diluyo de manera importante en nuestro país, en torno a la necesidad de dotar a los futuros ciudadanos chilenos, niños y jóvenes, de formación cívica en cuanto al conocimiento del funcionamiento legal-institucional de nuestra democracia, como también de los procedimientos, metodologías y acciones propias de una democracia moderna.
Sumado a lo anterior, es fundamental que la educación cívica apunte a disminuir los niveles de desigualdad social que tienen los niños y jóvenes chilenos, lo cual hoy depende del sector socioeconómico al que pertenecen, como lo muestra el informe internacional sobre educación cívica y formación ciudadana (ICCS) del año 2009: “Como sucede con los aprendizajes en otras áreas investigadas en el país y en todo el mundo, los que más han aprendido son, en general, los que viven y estudian en condiciones socioeconómicas más aventajadas, es decir, esta forma de conocimiento también es entregada de manera poco equitativa a los estudiantes en nuestro país. La inequidad aparece, una vez más, como un desafío que nuestro sistema educativo debe enfrentar con decisión”[2].
Esta realidad se ve reflejada en el ejercicio del voto en procesos electorales, donde al analizar la participación en las últimas elecciones, el volumen del voto se diferencia de acuerdo al sector socioeconómico observado. Ejemplo de esto es la votación, en las elecciones municipales del año 2012, donde las 5 comunas más urbanizadas, y con mayor concentración de habitantes con nivel socioeconómico alto del país; Ñuñoa; Providencia; Las Condes; Vitacura y la Reina, tuvieron una participación promedio del 41,8%, frente al 32,7% promedio de participación que muestran las comunas de Renca, El Bosque, Lo Espejo, San Joaquín y La Pintana, las cuales tienen similares condiciones de densidad urbana, pero con una composición socioeconómica vulnerable.
Sin duda esta nueva Ley responde al llamado de la sociedad civil y aporta a terminar con ciertas desigualdades, mejorando la formación de los futuros ciudadanos y representando un paso más en el cumplimiento de la agenda para la transparencia y la probidad en los negocios y la política, que la presidenta Michelle Bachelet comprometió a la ciudadanía. La nueva educación cívica será una piedra angular donde se sostendrá la participación ciudadana en el futuro y ayudara a que todos y todas sigamos construyendo un Chile más justo.
Camilo Ballesteros Briones
Director
División de Organizaciones Sociales
