Desde la publicación de la Ley 20.500 sobre Asociatividad y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en Chile se institucionalizó y extendió una de las más importantes tradiciones de nuestra república, el dar cuenta pública de la gestión que las diversas entidades públicas realizan.

Así, cada año al comenzar el otoño, la totalidad de los ministerios, municipios y servicios públicos, informa a la ciudadanía sobre la gestión institucional del año inmediatamente anterior,  al tiempo que adelantan, a manera de esbozo, las principales líneas de acción que se implementarán durante el año en curso.

Lo que se busca, a través de estos procesos, es informar los resultados y entregar una visión comprensiva del ejercicio presupuestario, expresando las prioridades del gasto público, junto con comunicar las metas que vienen por delante, los planes y programas que se implementarán y la visión de futuro que se quiere alcanzar a través del ejercicio de la función pública encomendada.

Esta tradición viene de antiguo. Desde el siglo XIX que el Presidente de la República dirige una alocución al Congreso Pleno, dando cuenta de su gestión e iniciando de esa forma el periodo legislativo. Tradición profunda que se expresa actualmente en el mandato constitucional por el cual la Presidenta de la República da cuenta del estado político y administrativo de la nación cada 21 de mayo.

Esa auténtica tradición republicana responde al imperativo básico de transparencia en la gestión de los asuntos públicos, invitando a la ciudadanía y los otros poderes del Estado, a informarse y ejercer su rol fiscalizador de las actividades que se realizan en pos de nuestros objetivos colectivos.

La entrada en vigencia de la Ley 20.500, profundizó en ese dirección, al  mandatar  a cada órgano de la administración pública no solo  a la rendición de cuenta pública de su gestión institucional,  sino además a hacerlo de manera participativa, convocando para este efecto a la ciudadanía, la que en su calidad de titular último del ejercicio soberano, es el primer llamado a conocer y fiscalizar el destino y alcance de las políticas públicas.

Así, durante el año 2015 fueron 700 las Cuentas Públicas Participativas que se realizaron en el país, llevando hasta los rincones más remotos este ejercicio básico de responsabilidad, por el cual la autoridad respectiva –de todos los niveles de la administración- rinde cuenta sobre como ejerció la autoridad que le fue conferida por la ciudadanía.

En efecto, estas cuentas públicas se realizan en todos los ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales, y en todas las regiones del país, concentradas en estos meses en que se prepara el mensaje del 21 de mayo.

Durante abril y mayo, Chile se fortalece con más transparencia, con incesantes datos sobre lo que se realizó en el periodo recién pasado, generando contexto y otorgando dimensión a los desafíos que enfrentan las autoridades políticas y administrativas de nuestro país.

No sólo lluvias trae abril, también cuentas públicas y participación por mil. Infórmate, súmate, participa.

Ignacio Lledó Oteiza

Sud Director

División de Organizaiones Sociales