Dicha entidad será presidida por el académico Gonzalo de la Maza e integrada por 24 personas que provienen de los más diversos ámbitos de la sociedad civil.
“Lo que estamos buscando es instalar a la participación ciudadana de manera permanente y orgánica en la gestión de los asientos públicos, entendiéndola como un derecho exigible y que cuenta con estándares e instrumentos para ello”, señaló la Jefa de Estado.

Con una ceremonia presidida por la Presidenta Michelle Bachelet se dio el vamos oficial al Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, instancia comprometida en el Programa de Gobierno de la actual mandataria, cuya misión es, precisamente, la de asesorarla respecto de la institucionalización de la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido asociativo del país.

En la oportunidad la Jefa de Estado dijo que “no hay que tener miedo a una ciudadanía demandante”. A lo  que agregó que “la participación ciudadana es una realidad porque ya la de democracia participativa no es suficiente”.

En efecto, el Programa de Gobierno de la actual administración comprometió  la creación de este Consejo, que tendrá entre sus tareas principales la difusión y promoción del derecho  a la participación ciudadana en la gestión pública y la fiscalización de los órganos públicos en esta misma materia, de manera que estos cumplan adecuadamente con sus obligaciones, previstas principalmente en la Ley N° 20.500.

El Consejo ha sido convocado y constituido mediante Decreto Presidencial y en el cargo de presidente ha sido designado el destacado sociólogo Gonzalo Delamaza, formado en la Universidad Católica de Chile, con estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París. Histórico actor de la sociedad civil, Delamaza cuenta con una amplia trayectoria en proyectos de desarrollo social con ONGs chilenas desde 1977, y como profesor universitario y consultor en diseño y evaluación de proyectos en programas sociales, para instituciones públicas nacionales e internacionales.

El Consejo será consultivo y sus integrantes permanecerán en funciones por el periodo de un año, contado desde la fecha de su constitución. En su primera sesión, el Consejo acordará las normas para su funcionamiento interno.

Objetivos y tareas inmediatas del Consejo

Los objetivos del Consejo son conducir un amplio y participativo diálogo nacional sobre el estado de la participación ciudadana en el país y desarrollar una propuesta de reforma a la Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública que considere, entre otros aspectos, la institucionalización del propio Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Además, elaborar y difundir un informe destinado a promover el derecho a la participación, que incluya buenas prácticas y defina estándares en materia de participación ciudadana, que sirvan como base para la elaboración de un Índice de Participación Ciudadana que permita dar cuenta de los avances y dificultades evidenciados sobre el tema.

Asociado a estos objetivos, y como productos principales durante su primer año de funcionamiento, el Consejo entregará dos informes escritos a la Presidenta de la República, el primero es una propuesta de modificaciones a la ley N° 20.500 de Participación Ciudadana, a la ley N° 19.032 del MSGG y otros cuerpos legales relacionados con la ley de participación, y el segundo será el Primer Informe de la Participación Ciudadana en Chile

Funcionamiento y composición

La Secretaría Ejecutiva del Consejo será ejercida por Claudio Rammsy, profesional de la Subsecretaría General de Gobierno, junto a un equipo de gestión que tendrá dedicación exclusiva a las tareas de apoyo técnico y operativo del Consejo. Por su parte el Ministerio Secretaría General de Gobierno  será la entidad responsable de proveer los medios y adoptar las medidas que garanticen el funcionamiento operativo de esta instancia.

Además de Delamaza, el Consejo lo integran Alejandro James, de la Asociación de COSOCS de la Región Metropolitana; Vasily Deliyanis, de ACCION GAY; Amelia Gaete, de la organización mapuche Katriwala; Bartolomé Luco, de la Mesa del Adulto Mayor; Beatriz Heinz, del Servicio Evangélico para el Desarrollo, SEPADE; Carlos Bravo y Hugo Marín, de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos; Daniel Oyarzún, de la Asociación Chilena de Voluntarios; Enrique Norambuena, de la Unión Nacional de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad; Ezio Costa, de la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente; Francisco Estévez, del Circulo de Políticas Participativas; Francis Valverde, de ACCIÖN AG; Francisco Letelier, de Sur Maule; Karen Jorquera, del Centro Cultural Playa Ancha; Leonardo Moreno, de la Fundación para la Superación de la Pobreza; Marcela Guillibrand, de la Red de Voluntarios de Chile; Carolina Carrera, de la Corporación Humanas; Myriam Talavera, de la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas y Rurales; Pablo Collada, de la Fundación Ciudadano Inteligente; Roberto Peralta, de la Fundación Pro Bono; Rosa Vergara, del Comité de Usuarios del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y Verónica Monroy, del Hogar de Cristo.

Se prevé que el Consejo funcionara con sesiones plenarias una  vez al mes en Santiago, generará audiencias públicas (para recibir y escuchar a organizaciones e instituciones que lo soliciten o que el Consejo invite, en sesiones de trabajo tanto en Santiago como en regiones) y realizará mesas temáticas que sesionarán en Santiago y en regiones.

Además, se realizará un seminario de alcance nacional destinado a representantes de los consejos comunales organizaciones de la sociedad civil y de los consejos de sociedad civil de ministerios y servicios, además de una Consulta Nacional (con metodología de diálogo participativo en modalidad presencial y virtual) sobre la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

COMUNICACIONES DOS