La iniciativa, que firmaron el Mandatario y la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, defiende a la comunidad educativa y fortalece las facultades sancionatorias en casos graves de violencia en el aula.

El Presidente Sebastián Piñera firmó este jueves un proyecto de ley que otorga mayores facultades a los directores de establecimientos educacionales para resolver los hechos de violencia.

La iniciativa no solo busca proteger la integridad física y psíquica de toda la comunidad escolar, “sino que también una herramienta útil y absolutamente necesaria para proteger el derecho a la calidad de la educación de todos nuestros niños y jóvenes”, dijo el Mandatario acompañado de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, representantes de la comunidad educativa y apoderados.

Hoy firmamos proyecto ley #AulaSegura que combatirá actos violentos y delictuales en sistema escolar como uso de armamento, artefactos incendiarios o bombas Molotov. Esto reducirá impunidad, y protegerá integridad de profesores, derechos de estudiantes y calidad en la educación pic.twitter.com/LHFm3chQkr

— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) September 20, 2018

En la actualidad los directores de colegios no cuentan con herramientas efectivas para adoptar medidas disciplinarias inmediatas que permitan enfrentar los hechos de violencia grave protagonizados por estudiantes. Hoy, sólo se puede expulsar y cancelar la matrícula de un alumno cuando los hechos estén contemplados en el reglamento interno del establecimiento y bajo un largo procedimiento.

El Mandatario señaló que el Gobierno está comprometido con la calidad de la educación, pero agregó que se va a perseguir “con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que, disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretenden causar un clima de terror al interior de nuestros establecimientos educacionales”.

La iniciativa permitirá que las autoridades educativas puedan sancionar de inmediato a los alumnos que cometan faltas como el uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas o agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes y otros miembros de la comunidad.

En dicha situación, los alumnos serán separados del establecimiento educacional, mientras que el Ministerio de Educación deberá reubicarlo y adoptar medidas de apoyo.

Así, el Proyecto de Ley busca armonizar tres derechos fundamentales: a la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa; al debido proceso y a la educación del estudiante sancionado.

“Esperamos que este proyecto de ley nos permita restablecer la tranquilidad, la paz y el clima adecuado para que nuestros niños y jóvenes puedan aprender, puedan educarse y puedan tener todas las herramientas para desarrollar en plenitud las potencialidades que Dios nos dio”, enfatizó el Presidente.