El Director de la División de Organizaciones Sociales, Ignacio Achurra Díaz, participó en el diálogo territorial “Hablemos de Participación” realizado en la región, instancia que busca recoger insumos para modernizar la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 

La actividad, que contó con el alcalde de la comuna, Miguel Ángel Carrasco, y el Seremi de Gobierno, Juan Guerra Hollstein, es parte del despliegue territorial que se está realizando en regiones y que comenzó la semana pasada en Coyhaique, Región de Aysén. 

El Director Ignacio Achurra explicó que “esto confirma el compromiso del Gobierno por estar primero en terreno, luego en regiones y en segundo lugar llevar adelante este proceso participativo para reformar la Ley 20.500. Hoy día pudimos encontrarnos con representantes de los diferentes Cosoc de la región, Cosoc municipales, y tuvimos una muy rica conversación”. 

Además, indicó que “me llevo un montón de ideas, miradas, críticas, propuestas respecto a la ley. Tuvimos, además, una jornada en donde recogimos con nuestra metodología la visión de cada uno de los participantes y ya llevamos dos regiones, estamos avanzando, tenemos hasta diciembre y cumpliremos con el compromiso de generar los insumos necesarios para reformar la Ley 20.500”.

Por su parte, el seremi Juan Guerra detalló que “tuvimos la oportunidad de reunirnos y conversar con los distintos Cosoc comunales, con dirigentes, también con el Cosoc regional. Ahí hay un trabajo que el Cosoc regional ya tiene bastante avanzado y las conclusiones de los distintos grupos de trabajo fueron más o menos consistentes, son las inquietudes que tienen las dirigentes y dirigentas respecto a la Ley 20.500, mejores formas de incidencias, mejor financiamiento, mejores relaciones con las municipalidades, la obligatoriedad de formar los Cosoc, son algunas de las cosas que salieron y que fueron bastante interesantes”.

Cabe señalar que el proceso participativo está compuesto por cuatro etapas de diálogo: la primera en la administración central del Estado, nivel regional y nivel municipal. La segunda, de diálogos con organizaciones sociales además de un encuentro de expertos y expertas en la materia. La tercera etapa consiste en una consulta ciudadana digital abierta a todas las personas a nivel nacional, mientras que en el último tramo se realizará la sistematización de la información y posterior devolución de resultados.