La División de Organizaciones Sociales y la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central realizaron hoy una mesa redonda en la que se abordaron los principales alcances de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, actividad a la que fueron convocados diversos centros de estudios asociados a todo el espectro político nacional.

A la cita asistieron Eugenio Ortega, Director Ejecutivo del Centro Democracia y Comunidad; Pablo Canelo, Coordinador del Área de Desarrollo y Participación del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz; Pablo Rodríguez, Coordinadora del Programa de Estudios y Electorales del Instituto Libertad, y  Patricia Morales, Directora Ejecutiva de la Fundación Progresa.

En sus palabras de apertura, el Director de la DOS, Camilo Ballesteros, enfatizó en que la única forma de profundizar la democracia “supone, necesariamente, de mayores grados de participación ciudadana”, a lo que agregó que “necesitamos espacios vinculantes donde la sociedad se sienta partícipe de los procesos que vive el país.”

La jornada comenzó con una presentación, a manera de contexto socio-político, que estuvo a cargo de Marco Moreno, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, quien se refirió a las tensiones que ha tenido  la implementación efectiva de la 20.500 en lo que caracterizó como “un escenario de cambio y re politización”, signados por una creciente desafección ciudadana a la actividad política, expresada, entre otros elementos, en una progresiva distancia a las instituciones como los partidos y el Congreso , en una fuerte crítica a las elites, acompañados de un cuestionamiento al poder.

La opinión  de los centros de estudios

Eugenio Ortega, del Centro Democracia y Comunidad expresó que si bien la Ley 20.500 “ha constituido un importante avance, su implementación práctica ha sido lenta y desigual, especialmente en el ámbito local, en donde los municipios exhiben muy desiguales tasas de cumplimiento concreto de las diversas disposiciones señaladas en la ley”.

El investigador agregó que se deben generar nuevas iniciativas que permitan mejorar o complementar la ley, identificando entre estas “la generación de instrumentos  que permitan avanzar en una efectiva mayor participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas, sobre todo entendiendo que esto va de la mano de una mayor fiscalización ciudadana de la propia gestión pública”. Ortega también destacó la necesidad de fortalecer el Estatuto del voluntariado actualmente establecido por la ley, “en el sentido que es insuficiente para dar cuenta de la realidad que hoy representa la cultura y la práctica del voluntariado”.

Por su parte, Pablo Canelo, sociólogo del ICAL, indicó que una de las debilidades de la referida ley es que “hasta hoy no ha logrado constituir un aporte al desarrollo y fortalecimiento efectivo del tejido asociativo”, entre otras razones “por su énfasis en lo referido a su comprensión de la participación ciudadana vinculada más bien a sus niveles informativos y consultivos, no vinculantes”.

Al respecto, propuso una serie de mecanismos complementarios que “contribuirían a hacer más efectiva una real política de participación”, entre los que identificó la iniciativa popular de ley, el mandato revocatorio, el voto programático y la ampliación de los plebiscitos, además de repensar lo que debiera ser una nueva institucionalidad  púbica para reconocer la participación ciudadana”.

Patricia Morales, en tanto, puso el énfasis en la necesidad de generar mayores niveles de transparencia en el debate público, y en una información efectiva sobre las diversas disposiciones participativas, al tiempo que reivindicó lo político como “el ámbito preferencial en el que los ciudadanos construimos nuestro sentido de comunidad”.

Al cierre de la jornada, Ballesteros indicó que “la participación ha llegado para quedarse”, y que es un convencido que “con más participación ciudadana es posible correr el límite de lo posible”. En ese marco, señaló, “la DOS generará un proceso de evaluación de esta Ley, y es en ese contexto en el cual decidimos realizar esta actividad, a la que quisimos convocar no solo a la comunidad académica o a los investigadores de los distintos centros de estudios, sino también a representantes de las unidades de participación ciudadana de los diversos ministerios y municipios, como también a los propios dirigentes de la sociedad civil”.

En esa misma dirección, el Director de la DOS adelantó que la institución realizará conversatorios a nivel de las distintas regiones del país, “para abordar, con los actores locales respectivos, el análisis y discusión sobre cómo está siendo implementada en las regiones esta importante ley”.

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