El Presidente Gabriel Boric Font anunció la conformación de una comisión de expertos para la relación y regulación entre instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL), tales como fundaciones y corporaciones, y el Estado, con el objetivo de seguir profundizando la agenda de probidad y transparencia del Gobierno.

La instancia, compuesta por cinco personas, tendrá que identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades en la colaboración de las IPSFL con el Estado y proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación entre ambas partes, que faciliten el conocimiento, por parte de la ciudadanía, sobre el uso de los fondos que se les entregan.

“No queremos que esto sea solamente pensando en salidas políticas de la crisis, sino en cómo mejorar la relación entre las valiosas organizaciones de la sociedad civil con el Estado, pensando en las personas porque no podemos perder de vista que todo este debate se trata de cómo creamos una mejor calidad de vida para quienes habitan nuestro territorio a lo largo y ancho del país”, dijo el Presidente Gabriel Boric en la primera sesión de la instancia, en la cual también participaron el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde y la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos Palacios.

En tanto, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo Dowling, manifestó que “el objetivo general de esta comisión de expertos es establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro, fundaciones y corporaciones, donde primen los principios de transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas de los convenios de colaboración que surgen entre estas entidades y el Ejecutivo”.   

La presidenta de la comisión será la abogada María Jaraquemada Hederra, quien estará acompañada por Ramiro Mendoza Zúñiga, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval Llona y Francisco Agüero Vargas, mientras que la abogada Valeria Lübbert Álvarez apoyará la tarea del equipo como secretaria ejecutiva.

El grupo de expertos también podrá proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de los organismos colaboradores del Estado, a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos.